Los principales riesgos que enfrentará la industria si se aprueban las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos para que el Estado rescinda permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles restituyendo el mercado a Petróleos Mexicanos (Pemex) radican en la violación al Estado de derecho en que se incurrirá si las autoridades energéticas toman atribuciones de autoridades judiciales.

Así lo consideraron expertos que participaron en la mesa de diálogo para analizar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, convocados por la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.

César Humberto Cadena, del clúster energético de Nuevo León, consideró que en primer término las empresas mexicanas piden que si se da un trato preferencial a la empresa estatal, lo cual es deseable ya que conviene a todo el país que se fortalezca, este trato también debería extenderse al resto del empresariado mexicano, particularmente a quienes ya tienen inversiones en gasolineras y plantas de distribución y que cumplen con los requisitos de almacenamiento mínimo de cinco días de inventarios y todos los requisitos legales, económicos y ambientales, que son muchos.

“No estamos pidiendo exentar trámites, sino la certeza de que se respetará lo que ya hemos invertido en tiempo, energía y sobre todo de nuestros ingresos para generar empleos en el país. Los permisos que tenemos pasaron por múltiples autoridades, desde Economía, Competencia, estados, municipios, la propia Secretaría de Energía, Ambiente y la Comisión Reguladora de Energía. Si estamos en regla, pedimos respetuosamente que se garanticen nuestras inversiones”, dijo.

En tanto, Rosannety Barrios, quien fue directora de Hidrocarburos en la pasada administración, explicó que uno de los principios que se plasman en las modificaciones es la suspensión de permisos si existen violaciones a la ley, lo que de hecho ya existe en la actual redacción, pero que ahora se incluye como atribución discrecional para la autoridad energética, que no tiene lineamientos, personal o capacidades de dictaminar respecto a delitos por robo o contrabando de combustibles.

Aunque la experta admitió que el robo de combustibles es un problema que afecta a las finanzas nacionales, y que para Pemex significó pérdidas de más de 12 millones de litros diarios de gasolinas que dejó de facturar, expuso que debe ser la autoridad ambiental, que es la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA), quien define todas las condiciones de los permisos, por lo que no es necesario un cambio como el que se plantea en la iniciativa sino fortalecer el vínculo de este organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente con el poder judicial.

En cuanto al combate al robo de combustibles y contrabando, la experta dio una recomendación que se podría aplicar sin modificaciones legales: el trazado químico de la molécula que puede mostrar quién le vende a quién y cómo, y que en la administración pasada se iba a emular del modelo colombiano en un sistema conectado con el Sistema de Administración Tributaria pero se canceló y podría retomarse.

Respecto a los más de 10,000 permisos de importación inoperantes que se han entregado y que dificultan el orden del mercado, Barrios explicó que éstos los otorga la Secretaría de Energía con una lógica de la Ley de Comercio Exterior, de forma previa a que se defina cuál será el negocio, con una lógica no energética sino comercial, que se podría modificar sin necesidad de los cambios legales que se plantean.

Raúl Pérez Johston, convocado por el PRI a la discusión, explicó que los obstáculos a la competencia, la retroactividad en que puede incurrir el nuevo ordenamiento y las condiciones para que se modifiquen reglas de operación a discrecionalidad de las autoridades energéticas violan los Artículos 8, 14 y 16 de la Carta Magna y por tanto habrá juicios de amparo para suspender el ordenamiento en caso de que sea aprobado por el Congreso.

Con esta esta mesa de diálogo, la Comisión de Energía de la Cámara Baja dio cumplimiento al acuerdo entre partidos de analizar y discutir las modificaciones por lo que se podrá dictaminar la nueva Ley para que de discuta y vote en lo general y particular en el Pleno, rumbo a su envío al Senado.

Fuente: Karol García, El Economista.